Una norma de esta naturaleza, siempre es bueno que sea respaldada por la mayoría de la ciudadanía representada en las Cortes Regionales, y así se ha hecho con esta Ley, que ha contado con el apoyo de la práctica totalidad de los grupos políticos de la Cámara, con la única abstención de los dos procuradores de Podemos.

Para ello, el grupo mayoritario ha tenido que ceder algunas de sus posiciones en aras de este consenso, lo que, en algún caso, ha perjudicado los intereses del colectivo de cazadores.

La ley reconoce la importancia de la caza desde el punto de vista cultural, económico, deportivo, turístico y social, siendo además un recurso que puede y debe contribuir a fijar población, desarrollar el medio rural y favorecer el equilibrio ecológico de las especies.

Podemos decir que la necesidad de la ley se sustenta en regular de nuevo la actividad para reforzar dos aspectos fundamentales: el ordenado aprovechamiento de los recursos cinegéticos y el control de especies que se encuentran en situación de excesiva densidad poblacional. Todo ello tras las grandes variaciones producidas como consecuencia de la evolución y el vacío de nuestros pueblos.

Sobre esto añadiríamos nosotros que las resoluciones judiciales de los últimos 10 años de la sala del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid precipitaron en todos la necesidad de otorgarnos una nueva Ley para dar mayor seguridad jurídica a la actividad. Lamentablemente esta situación condicionó la redacción del anteproyecto de Ley, sin ninguna necesidad, como luego se ha demostrado en las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional. Pero muchas cosas ya no han vuelto atrás.

Los cambios de usos agrícolas y el abandono rural han llevado a las poblaciones cinegéticas a una enorme paradoja. Poblaciones descontroladas de especies de caza mayor y descenso de las poblaciones de menor, fundamentalmente de aves esteparias.

Los cazadores asumimos un control más riguroso de la actividad, pero es absolutamente necesario que en Europa, en España y en Castilla y León se busquen soluciones que mejoren fundamentalmente los hábitats de la avifauna asociada a medios agrícolas, ya que la caza no es la causa del descenso de estas especies y no todo puede solucionarse con la limitación y la prohibición. Si a esto añadimos otras cuestiones puramente ideológicas impulsadas desde el gobierno de la nación, para eliminar la caza de especies con poblaciones en expansión y que además provocan enormes daños a los ganaderos, como se va a producir con la próxima prohibición de la caza del lobo, no podemos exigir a nuestro sector la responsabilidad que no se ejerce desde el propio ejecutivo.

Volviendo a la Ley, hay que significar que mejora sustancialmente la relación Administración/titular cinegético/cazador y es más racional con la práctica diaria de la actividad, que se facilita en términos generales. Por otra parte, es aún más exigente en la fiscalización de la densidad de las poblaciones cinegéticas y sus aprovechamientos que, en algún caso, se puede considerar severa.

La nueva norma recoge algunas reivindicaciones históricas de nuestro colectivo. Establece como infracción grave la perturbación de las cacerías o la entrada en la zona señalizada de montería por terceras personas, permitiendo la colocación de puestos en caminos, determina las condiciones de caza con niebla o nieve, permite al cazador cruzar los caminos con el arma asegurada pero cargada cuando no haya personas a la vista, elimina los ríos y arroyos como zonas de seguridad, agiliza los trámites administrativos y recoge la obligación de la Administración de colaborar con los cotos a través de ayudas en la mejora del hábitat cinegético.

También establece obligaciones a terceros en relación con las especies cinegéticas, como la de preaviso por parte de los agricultores antes de reclamar daños a cultivos, la de los titulares de vedados y zonas de seguridad (carreteras, vías férreas) para evitar daños en las fincas limítrofes, o la de los titulares de los canales de riego para evitar muertes por ahogamiento de las especies.

Reconoce por fin, de una forma clara, la labor de colaboración que en todos los órdenes desarrolla nuestra Federación y sus afiliados y concede ventajas importantes para nuestro colectivo, como el descuento en el 50% de la tasa de matrícula de los cotos federativos sin necesidad de establecer reservas de caza, y el 25% en la licencia de caza para los cazadores federados.

Sería muy extenso y prolijo intentar desmenuzar aquí toda una Ley. Tampoco es el momento, ni el formato adecuado. La Federación va a contribuir de forma activa en la difusión y explicación de esta norma, por lo que ofrece la posibilidad a los cazadores de participar en cuantas convocatorias informativas se realicen en las provincias y acceder a los diferentes medios que se habiliten para su divulgación: web, escritos a clubes e incluso vídeos informativos y edición escrita.

Queremos resaltar el enorme trabajo que hemos desarrollado desde nuestra entidad en este último año y medio para que saliera la mejor ley posible. Creemos que en líneas generales es positiva para todos y refuerza y da continuidad a la actividad.

Agradecemos la excelente disposición de la Consejería en escuchar, sin limitación, cuantas propuestas y sugerencias les hemos realizado, aunque en algún caso sin éxito. También, y fundamentalmente, a los ponentes de la ley del grupo mayoritario, que no han escatimado esfuerzos en intentar satisfacer las propuestas de nuestro colectivo. Y a la oposición en la Cámara, con la que hemos mantenido un diálogo fluido y continuo.

Podemos haber conseguido una buena Ley para Castilla y León, pero de nada nos sirve si desde el gobierno de la nación y desde Europa nos prohíben las especies por cuestiones ideológicas. Si esta deriva en la que nos encontramos en la actualidad continúa, los agentes del medio rural nos tendremos que echar a la calle para defender nuestros intereses, que están siendo pisoteados. La pandemia ya no puede ser una excusa por más tiempo.