El sector cinegético andaluz han encontrado un decidido aliado en el nuevo Gobierno de la Junta. El sector, que moviliza a 250.000 cazadores a lo largo y ancho de la Comunidad y sostiene casi 45.000 empleos, ha recibido dos importantes espaldarazos por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en los dos meses y medio transcurridos desde que el Partido Popular tomó las riendas de ese departamento. El primero se produjo el pasado 14 de marzo en Antequera, el lugar elegido por la consejera Carmen Crespo para reunirse con los dirigentes de la Federación Andaluza de Caza y transmitirles el «firme compromiso» del presidente Moreno en defensa de los intereses del colectivo. Este martes esa declaración de intenciones ha quedado refrendada con la firma que la propia Crespo y el presidente de la Federación, José María Mancheño, han estampado sobre un protocolo que se compromete a responder a buena parte de las peticiones que el sector cinegético ha planteado durante los últimos años.

Ese respaldo al mundo de la caza no es casual. Quienes lo integran se han convertido en los últimos meses en un codiciado objeto de deseo electoral, de ahí que casi todos los partidos políticos hayan puesto la lupa sobre sus pretensiones. Vox fue la primera formación en canalizar sus demandas y su descontento, un factor que camina en paralelo al malestar del sector taurino y que explicaría, en parte, el inesperado auge del partido de Santiago Abascal en las áreas rurales de Andalucía en las autonómicas del pasado 2 de diciembre. De hecho Vox insistió en incluir un punto en el acuerdo que firmó con el PP, el mismo que abrió la puerta a apoyar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, que hacía mención expresa al reconocimiento de «la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento del medio rural y la conservación de la fauna y los espacios naturales» en la region.

Hay otro detalle que da cuenta de la importancia que la actividad cinegética, y su creciente influencia en los pequeños municipios, ha tomado en Andalucía. El protocolo que firmaron ayer Crespo y Manchego incluye como uno de sus principales puntos el impulso, de la mano de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de los trámites necesarios para que rehalas y monterías sean consideradas Bien de Interés Cultural en Andalucía, con lo que ello supondría como protección de la actividad y de respaldo por parte de la Administración Autonómica. El expediente, según confirmó Crespo este martes, «está ya sobre la mesa» y listo para iniciar el preceptivo trámite de audiencia. La paradoja es que sólo cuatro días atrás, el pasado viernes, fue Ciudadanos quien registró en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley con idéntico objetivo. Aunque con distintos procedimientos, uno por vía de la acción parlamentaria y otro en virtud de las potestades de Gobierno, los dos socios del Ejecutivo autonómico dan forma a medidas similares.

«Quizás la caza ahora está de moda. Estamos satisfechos de que se hable en positivo de ella y de que el Gobierno de Andalucía se comprometa con nuestro colectivo», ha reconocido Mancheño al ser preguntado por este diario sobre esa coincidencia. La Federación Andaluza de Caza promovió a principios de año una campaña con un elocuente lema, #LaCazaTambiénVota, y celebró en un comunicado que PP y Vox incluyesen la defensa de sus intereses en el acuerdo suscrito entre ambas formaciones para que los populares desalojaran a Susana Díaz del Palacio de San Telmo.

Además de los primeros pasos para avanzar hacia la declaración de BIC de la caza, el protocolo suscrito este martes recoge también el compromiso de actualizar el Plan Andaluz de Caza, cuya vigencia de diez años venció en 2017, así como la aprobación de una orden que en el plazo máximo de seis meses elevará a la cetrería a la condición de modalidad de caza. La Consejería recoge también la preocupación del sector por las serias advertencias que ha recibido España desde Bruselas para que cese la práctica de la captura de aves para destinarlas al silvestrismo. La Junta de Andalucía entiende que la cría en cautividad «no es una alternativa» y pretende apoyarlo con informes científicos. Del resto de medidas, destacan la autorización de vedas indefinidas o el incremento de autorizaciones para cazar jabalíes y cabras montés, algo que pretende combatir los efectos de la peste porcina o la sarna.

FUENTE: https://www.diariosur.es