El arruí salva la cabeza. Y con el muflón del Atlas, otras especies invasoras como la trucha arcoíris, la carpa, el cangrejo rojo y el visón americano, cuya erradicación ordenó el Tribunal Supremo en marzo del año pasado por su carácter «dañino» con los ecosistemas en los que conviven -y compiten- con la fauna autóctona. El Congreso aprobó ayer una propuesta del Partido Popular para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, con el objetivo de que pueda realizarse un aprovechamiento económico de determinados animales exóticos.

Los populares lograron el apoyo de PSOE y Ciudadanos, partidos que rechazaron esta misma propuesta en junio pasado. Podemos, Compromís y Esquerra Republicana votaron en contra por entender que «la defensa de la biodiversidad se supedita a criterios políticos».

1970: El arruí es introducido en Sierra Espuña para crear una Reserva Nacional de Caza.

2007: Se aprueba la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Diciembre de 2010: La Comunidad Autónoma incluye al arruí en el listado regional de especies exóticas, aunque solicita al Ministerio de Medio Ambiente un régimen excepcional por motivos económicos y sociales.

Noviembre de 2011: El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que regula el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, que incluye al arruí aunque se permite su presencia en Murcia con carácter excepcional por su interés cinegético.

Agosto de 2013: El Gobierno central aprueba el nuevo catálogo de especies invasoras, que mantiene la excepción del arruí.

Marzo de 2016: El Tribunal Supremo ordena la erradicación de las especies invasoras que se beneficiaron del régimen de excepciones, atendiendo a un recurso de tres organizaciones ecologistas: CODA-Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos.

Junio de 2017: El Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso una proposición para reformar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007. La iniciativa no sale adelante.

Noviembre de 2017: Segundo intento del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para indultar el arruí y otras especies invasoras, que esta vez sí se aprueba gracias a los apoyos de PSOE y Ciudadanos.

Una salida legal 'in extremis' que permite eludir el dictamen judicial, empujada por la presión del mundo cinegético y diferentes sectores que se benefician de su caza o comercio. Para más de 600 investigadores, cien ONG ecologistas y diecisiete sociedades científicas, una «burla» a la normativa que pone alfombra roja en los espacios naturales españoles a «una grave amenaza para la biodiversidad». Y además por el procedimiento de urgencia, critican, que «obvia la participación pública y los necesarios informes legales del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo de Estado».

Las condiciones en que será reformada la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad se concretarán mediante enmiendas parciales en la Comisión de Medio Ambiente, aunque el objetivo principal es permitir las actividades económicas de los sectores cinegético y piscícola en aquellos lugares donde esas especies ya tenían presencia en 2007 (año en que se aprobó la normativo objeto de reforma).

Es decir, las especies invasoras indultadas serán perseguidas fuera de los ecosistemas en los que tienen arraigo desde hace diez años.

El diputado ciezano del PP Teodoro García Egea, uno de los promotores de la reforma legal, asegura que la erradicación de las especies 'condenadas' por el Supremo supondría la desaparición de 4.000 puestos de trabajo en zonas rurales, y que solo en Sierra Espuña se han perdido 3,5 millones de euros desde que se dejó en suspenso la caza del arruí.

«Único en Europa»  

Teodoro García se refirió al muflón del Atlas como un trofeo «único en Europa que atrae a murcianos, españoles y personas del resto de continentes para su caza de forma sostenible y ordenada».

María Teresa de Lara (PP) añadió que la reforma propone que una comisión estatal pueda, «en casos excepcionales que atiendan a cuestiones económicas o sociales, reconsiderar la catalogación de una especie invasora o levantar prohibiciones sobre la misma», así como dar potestad a una comunidad autónoma para que considere tales excepciones.

Pese a criticar la «falta de transparencia y de participación» con que el PP tramitó su propuesta, el diputado socialista Manuel González defendió el 'sí' del PSOE en favor de «soluciones duraderas para las familias dedicadas a la caza y la pesca deportiva». Por parte de Ciudadanos, el diputado murciano Miguel Ángel Garaulet indicó que lo importante «es hacer una buena gestión y dotar a las comunidades autónomas de herramientas para que puedan llevarla a cabo».

En la misma línea que científicos y ecologistas, el diputado de Equo-Podemos Juan López de Uralde aseguró que la reforma «solo se dirige a evitar los efectos de la sentencia del Supremo, y en ningún caso tiene detrás una preocupación social, porque la ley de 2007 ya preveía atender estas cuestiones, como es el caso de las familias que viven de cultivar el cangrejo rojo en Sevilla».

La directora de una de las ONG firmantes del manifiesto científico, Asunción Ruiz (SEO/BirdLife), criticó que mediante esta reforma legal «se pretenda gestionar las especies invasoras no con criterios científicos, como hace la ley actual, sino políticos».

FUENTE: http://www.laverdad.es